“Tapando Goteras en la Educación Pública”: Francisco Cajiao Restrepo

Para Francisco Cajiao, experto y autoridad en educación la ley 30 de 1992 debe ser revisada,  de manera instrumental y sustancial.

La situación actual de la financiación de las universidades públicas con aportes de la Nación evidencia un desfinanciamiento progresivo de las instituciones estatales, pues en su momento el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 pretendió garantizar los aportes de la Nación a precios constantes, es decir el modelo de financiación a la educación pública superior partió del presupuesto de gastos y rentas a partir de dicho año, y en lo sucesivo las transferencias año a año, no son incrementadas, sino actualizadas para que no pierdan su valor monetario.

Las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación a las universidades públicas durante la vigencia de la Ley 30 de 1992 no corresponde a las necesidades de las universidades, ya que presentan inequidades significativas al no tener en cuenta los factores como cobertura, aprestamiento de programas para acreditación de alta calidad y las necesidades propias de las universidades de la región.

El Ministerio de Educación anunció en su momento repartir 3.5 puntos adicionales para el fortalecimiento de la base presupuestal equivalente a $110 mil millones; sin embargo el MEN propuso 2.5 puntos basados en la distribución histórica y un punto en el cierre de brechas.

Como dice Cajiao los problemas de la educación pública son más complejos y estructurales y no se reducen a tapar las goteras con un par de billones de pesos para aplacar el bochinche generado por los líderes estudiantiles y rectores de las universidades públicas.

Es así, que cabe recordar que el MEN propuso cuatro grupos para la distribución de recursos adicionales vigencia 2019: Grupo 1) acreditadas per cápita alto 30% ; Grupo 2) resto de universidades acreditadas 25%; Grupo 3) universidades no acreditadas +25% programas acreditables 25%; Grupo 4) universidades no acreditadas -25% programas acreditables 20%.

En la otra cara de la moneda se evidencia el grupo de las universidades denominadas grandes con el 30% del valor a repartir, es decir la porción más grande, mientras que el grupo cuatro el de las no acreditadas, recibirán únicamente el 20%; poniéndose en discusión el tema de cierre de brechas.

En la distribución histórica tres universidades (U. Nacional, U. Antioquia y U. Valle) quedan con el 42,72% de los recursos. En la distribución actual de los recursos adicionales, las mismas tres universidades tienen el 35,65% de las transferencias. De manera que el porcentaje que le queda al resto de universidades pasó de 57,28% al 64,35%. En orden descendente por porcentaje de participación, la Universidad de Cundinamarca se ubica en el puesto 28 de 31; es decir, solo quedan 3 universidades por debajo.

Esta distribución sigue siendo anti técnica y no es equitativa. Esta genera desigualdad en la repartición de los recursos y sigue siendo la herencia de la ley 30, que actualmente mantiene inequidades existentes, ya que en los años 90 sin justificación alguna se decidió a dedo que unas universidades recibirían más recursos del estado que otras, al parecer seguirá así.

Esta situación de los orígenes del problema requiere revisiones profundas, Cajiao señala que la realidad ha desbordado los límites de la norma, así lo indicó: “Las universidades públicas tienen un déficit histórico que tienen su origen en la ley 30 de 1992 que congeló los ingresos de las universidades a una cobertura; en ese momento estamos hablando del año 91 y 92 que no pasaba del 10% menos de la mitad era público, se pasó de eso hoy, donde la educación pública tiene el 30% de cobertura, sin contar con el SENA que tiene el 20%, hoy las necesidades actuales de la educación, son otras”.

Por otra parte cabe recordar que la Universidad de Cundinamarca viene reclamando la deuda histórica que tiene la Nación por el no giro de las transferencias en los años de 1993 y 1994, además solicitó en su momento al Congreso de la Republica incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” dos párrafos al artículo 86 de la ley 30 de 1992 tendientes a reducir la brecha académica social y presupuestal que se ha consolidado el interior del sistema universitario estatal las universidades estatales u oficiales.

Finalmente en esta segunda parte de la en entrevista Francisco Cajio Restrepo exhorta al Gobierno para que piense en llevar al Congreso una política pública de educación superior para la equidad, en el que se establezca lo instrumental y sustancial reflejado en la clase de personas que tiene que formar las universidades.

En la tercera parte de esta entrevista con los medios de comunicación de la UCundinamarca Francisco Cajio Restrepo nos hablará: “La Universidad es una institución que enriquece la cultura de un país”.

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