Nueva ley cambia financiación de universidades

Colombia dio un paso histórico para fortalecer la educación superior pública con la promulgación de la Ley 2568 de 2026, norma que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y redefine el modelo de financiación de las universidades públicas del país.

Durante más de tres décadas, el crecimiento de los recursos para las instituciones de educación superior estuvo ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que mide el costo de bienes y servicios como alimentos, transporte o servicios públicos. Sin embargo, este mecanismo no reflejaba los costos reales del sistema universitario, como la investigación, el mantenimiento de laboratorios, la infraestructura, la tecnología o el pago del talento humano docente.

Con la nueva ley, el país reemplaza este indicador por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), una herramienta que permitirá calcular de manera más precisa los recursos necesarios para el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones públicas.

La reforma también establece recursos adicionales para ampliar la cobertura, cerrar brechas en el sistema educativo y avanzar en la formalización laboral. Además, incorpora el crecimiento progresivo de la inversión en educación superior pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), con una meta de largo plazo que busca alcanzar el 1% del PIB destinado a este sector.

Este cambio representa uno de los avances más importantes en décadas para enfrentar los retos estructurales de financiación que han afectado a universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas (ITTU), especialmente en un contexto en el que la demanda estudiantil ha crecido significativamente.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, esta reforma no solo modifica una fórmula presupuestal, sino que marca un paso estructural hacia un sistema de educación superior pública más sólido, sostenible y acorde con las necesidades reales del país.

La iniciativa también da cumplimiento al parágrafo del artículo 122 del Plan Nacional de Desarrollo y es resultado de un proceso de diálogo en el que participaron estudiantes, docentes, rectores y diferentes actores del sistema educativo.

Con esta nueva normativa, Colombia busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo académico, científico y social de sus instituciones públicas, al tiempo que consolida la gratuidad como política estructural, una estrategia que actualmente beneficia a cerca del 60% de los estudiantes del país.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

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