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2026-09-24
Derechos humanos ¿parte de la formación profesional?
Por: Alejandro García Suárez – Oficina Asesora de Comunicaciones
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El Gobierno Nacional avanza en una transformación del acceso a la educación superior en Colombia. Entre 2023 y 2025 se han invertido $6,8 billones de pesos para consolidar la nueva política de gratuidad en la educación superior pública, beneficiando a miles de jóvenes en todo el país.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el número de estudiantes beneficiados pasó de 690 mil en 2023 a 930 mil en 2025, alcanzando el 97% de la matrícula pública con gratuidad. Este crecimiento representa uno de los mayores avances en cobertura educativa en la historia reciente del país.
El nuevo modelo de financiación fortalece estructuralmente a las instituciones públicas, permitiéndoles ampliar su capacidad académica y financiera. Así, más estudiantes pueden acceder a programas de pregrado sin recurrir al endeudamiento.
El impacto de esta política se extiende a universidades, instituciones técnicas y tecnológicas universitarias (ITTU), el SENA y entidades de régimen especial, consolidando condiciones reales para garantizar la educación superior como un derecho.
Uno de los hitos más significativos es el aumento de 347 mil nuevos estudiantes vinculados a programas de pregrado en instituciones oficiales para 2025, la cifra más alta registrada. Este crecimiento ha permitido llegar a territorios donde antes no existía oferta de educación superior de calidad.
Para lograrlo, se asignaron $3,1 billones adicionales destinados al funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas, recursos que fortalecen la ampliación de cobertura y permanecen en la base presupuestal año tras año.
Asimismo, el modelo de financiación de la gratuidad fue ajustado para garantizar estabilidad. Para 2026 se proyectan $3,2 billones incorporados a la base presupuestal de funcionamiento, beneficiando a más de 950 mil estudiantes. Anteriormente, estos recursos dependían de partidas de inversión, lo que generaba incertidumbre.
El Ministerio también comparó este modelo con programas anteriores como Ser Pilo Paga y Generación E Excelencia, que estaban orientados principalmente a financiar educación privada y representaban altos costos por estudiante. Según la entidad, el modelo actual desde la oferta resulta más eficiente y sostenible.
Además, los esquemas previos implicaban créditos condonables con requisitos estrictos. Muchos jóvenes que no lograban cumplirlos terminaban con deudas millonarias que afectaban su estabilidad financiera por más de una década.
Con el fortalecimiento de la educación pública y la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, el Gobierno busca asegurar la sostenibilidad del sistema en el tiempo. La apuesta es clara:
consolidar la educación superior como un derecho garantizado para las presentes y futuras generaciones, ampliando oportunidades y cerrando brechas en todo el territorio nacional.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
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